La Provincia demandó a la firma Hidroeléctrica Tucumán SA, concesionaria del Complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Celestino Gelsi -conocido como dique El Cadillal-, por alrededor de $ 1.000 millones. La presentación, rubricada por Gilda Pedicone de Valls, en su carácter de fiscala de Estado, recayó en el Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez. Mediante el planteo, el Gobierno pretende que la firma pague el monto total de lo que debió erogar el Estado para reparar la presa lateral N° 3 del dique, que presentaba grietas de importancia.
La demanda precisa una cifra exacta de $ 936.660.939,57, más los intereses a tasa activa desde el momento del pago efectuado por la Provincia. Debido a ello, el planteo incluye el pedido de que se trabe embargo preventivo a la firma.
“(El monto) constituye la suma de dinero que erogó la Provincia para la ejecución de obra y reparación de urgencia de la presa lateral N°3, la cual fue atendida en razón de la omisión en hacerla por parte de la demandada”, dice el texto.
Seguidamente se narran los hechos. “Por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1/8 del 17 de enero de 2023 se autorizó la reparación del dique El Cadillal, de manera que la Provincia asumió los trabajos, previa contratación en forma directa y cotejo de precios. El artículo 4º del DNU expresa: ‘El Poder Ejecutivo realizará todos los trámites y acciones tendientes al recupero de los fondos invertidos ante la empresa Hidroeléctrica de Tucumán SA y/o ante quien corresponda y al reclamo de los daños y perjuicios que pudiera generarse”, dice la demanda.
Más abajo se recuerda que aquella empresa tiene la explotación de la concesión por 30 años, desde el 3 de julio de 1996. “Específicamente, en cuanto a las obras y obligaciones de seguridad asumidas por el concesionario, le correspondía la seguridad de presas embalses y obras auxiliares según el contrato de concesión. Por eso resultaba deber incuestionable de la concesionaria preservar la indemnidad de las personas y bienes del cocontratante durante la ejecución del contrato respecto de los bienes cuidando el estado de uso, conservación y mantenimiento de estos”, detalla el planteo.
Y seguidamente acentúa en la necesidad de realizar los arreglos de la presa. “Este gasto fue erogado por la Provincia con el objetivo de evitar la pérdida de vidas humanas y bienes, encontrándose comprometida la seguridad pública de sus habitantes, con el abastecimiento de agua para la población y del sector agrícola e industrial”, puntualiza la demanda firmada por Pedicone de Valls.
Enumera, renglones abajo, todas las acciones que la empresa debía haber realizado, cuyo incumplimiento derivó en la necesidad del arreglo abonado por el Gobierno: “toma de medidas y trabajos necesarios para el mantenimiento y cuidado de la presa lateral 3, las tareas de auscultación y medición, y todo el proceso de análisis, diagnóstico del problema y verificación de estado de la represa”.
La fiscala de Estado precisó en el planteo que, previo a la demanda, el Gobierno había intimado extrajudicialmente a Hidroeléctrica de Tucumán SA. “A los fines de que proceda al reintegro de las sumas erogadas, sin que hasta el día de la fecha hubiera respuesta alguna”, dijo.
Los trabajos comenzaron hace casi exactamente un año -el 16 de marzo del año pasado- y se cortaron abruptamente el 20 de octubre, tras la finalización del plazo original establecido en el contrato con la Unión Transitoria de Empresas Sabavisa SA y Mercovial SA. Durante ese período de unos siete meses, se certificaron montos por el valor original -$ 689 millones- más un 20% extras -$ 137,8 millones-. Es decir, el desembolso de la Provincia por lo realizado había alcanzado hasta entonces unos $ 830 millones.
Otros reclamos
A fines del mes pasado, en el marco de un encuentro informativo en la Legislatura, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Santiago Yanotti, había destacado que si bien los trabajos de reparación se habían ejecutado por la totalidad del contrato, resultaba necesario hacer trabajos complementarios. Y que ello también el Gobierno le reclamaba a la empresa Hidroeléctrica Tucumán, concesionaria del complejo. “La Provincia pide que se haga cargo de la responsabilidad que tiene y termine la obra”, había dicho.
En la ocasión, Yanotti había puntualizado que hubo buenos resultados con los trabajos, pero había admitido que al finalizar se detectó que aún se veían filtraciones, y que a raíz de ello se debía continuar con las tareas. No obstante, había rechazado que exista peligro. “Se opera bajo normas de mucha seguridad. No hay riesgo de desborde ni que colapse la presa N° 3. No hay absolutamente ningún riesgo”, había asegurado.